Que hubiera pensado Raúl Ricardo Alfonsín sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia que beneficiaría a muchos de los genocidas otorgándole el beneficio del dos por uno, seguramente lo mismo que pensó cuando Carlos Saúl Menem firmó un total de diez decretos durante los años 1989 y 1990 que favorecieron a 1.200 militares, civiles y guerrilleros condenados por homicidios, torturas, privaciones ilegales de libertad, desapariciones y falsedad de documentación, entre otros delitos.
Muchos constitucionalistas
creen que el fallo en cuestión es un refinamiento de los indultos de épocas pasadas.
Alfonsín previamente, había sufrido
bajo su gobierno los levantamientos militares por el Juicio a las Juntas que complicaron
la estabilidad del gobierno radical. Para frenar el conflicto, se sancionaron
las leyes de Punto Final Nº 23.492, en 1986, y de Obediencia Debida Nº 23.521,
en 1987, que favorecieron la impunidad de los delitos de lesa humanidad para
miembros de las Fuerzas Armadas.
Durante el gobierno de
Néstor Kirchner (2003-2007), las leyes fueron derogadas y los indultos firmados
por Menem, declarados inconstitucionales, lo que obligó a los represores a
cumplir su condena.
Transcurrido tanto tiempo el
pueblo argentino aprendió una lección, los delitos y principalmente los delitos
de lesa humanidad deben ser condenados, por eso el fallo dividió de la Corte Suprema
de la Nación hizo tanto hincapié en nuestra sociedad rechazándolo.
Ahora llama poderosamente la
atención que salvo contadas excepciones dentro del radicalismo entre ellos los
diputados Ricardo Luis Alfonsín y el diputado Miguel Bazze cuestionaron enérgicamente
el fallo de la Corte, más aún este último con precisión académica manifestó que:
“La ley invocada por quienes dieron el beneficio está derogada. El radicalismo
fue un fuerte defensor de los derechos humanos" expresó el legislador
radical. “La ley invocada por quienes dieron el beneficio está derogada. El
radicalismo fue un fuerte defensor de los derechos humanos y el gobierno de
Raúl Alfonsín llevó a los comandantes a juicio. No podemos manchar esta bandera
con un tecnicismo legal y darle una libertad anticipada a un condenado por
violaciones a los derechos humanos” dijo.
Mientras el Comité Nacional
de la U.C.R. solo saco un escueto comunicado que se puede leer en su página
web. Las banderas de los derechos humanos que los radicales con Alfonsín
supimos levantar durante la dictadura y después en democracia parecieran estar
a media asta, en que quedara el partido centenario del “Nunca Mas” que tanto la
Juventud Radical pregona en sus marchas hoy en día.