Que hubiera pensado Raúl Ricardo Alfonsín sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia que beneficiaría a muchos de los genocidas otorgándole el beneficio del dos por uno, seguramente lo mismo que pensó cuando Carlos Saúl Menem firmó un total de diez decretos durante los años 1989 y 1990 que favorecieron a 1.200 militares, civiles y guerrilleros condenados por homicidios, torturas, privaciones ilegales de libertad, desapariciones y falsedad de documentación, entre otros delitos.
Muchos constitucionalistas
creen que el fallo en cuestión es un refinamiento de los indultos de épocas pasadas.
Alfonsín previamente, había sufrido
bajo su gobierno los levantamientos militares por el Juicio a las Juntas que complicaron
la estabilidad del gobierno radical. Para frenar el conflicto, se sancionaron
las leyes de Punto Final Nº 23.492, en 1986, y de Obediencia Debida Nº 23.521,
en 1987, que favorecieron la impunidad de los delitos de lesa humanidad para
miembros de las Fuerzas Armadas.
Durante el gobierno de
Néstor Kirchner (2003-2007), las leyes fueron derogadas y los indultos firmados
por Menem, declarados inconstitucionales, lo que obligó a los represores a
cumplir su condena.
Transcurrido tanto tiempo el
pueblo argentino aprendió una lección, los delitos y principalmente los delitos
de lesa humanidad deben ser condenados, por eso el fallo dividió de la Corte Suprema
de la Nación hizo tanto hincapié en nuestra sociedad rechazándolo.
Ahora llama poderosamente la
atención que salvo contadas excepciones dentro del radicalismo entre ellos los
diputados Ricardo Luis Alfonsín y el diputado Miguel Bazze cuestionaron enérgicamente
el fallo de la Corte, más aún este último con precisión académica manifestó que:
“La ley invocada por quienes dieron el beneficio está derogada. El radicalismo
fue un fuerte defensor de los derechos humanos" expresó el legislador
radical. “La ley invocada por quienes dieron el beneficio está derogada. El
radicalismo fue un fuerte defensor de los derechos humanos y el gobierno de
Raúl Alfonsín llevó a los comandantes a juicio. No podemos manchar esta bandera
con un tecnicismo legal y darle una libertad anticipada a un condenado por
violaciones a los derechos humanos” dijo.
Mientras el Comité Nacional
de la U.C.R. solo saco un escueto comunicado que se puede leer en su página
web. Las banderas de los derechos humanos que los radicales con Alfonsín
supimos levantar durante la dictadura y después en democracia parecieran estar
a media asta, en que quedara el partido centenario del “Nunca Mas” que tanto la
Juventud Radical pregona en sus marchas hoy en día.
Muchos radicales callaron o
no manifestaron su desacuerdo con el fallo, como hubieran debido hacerlo, esa
es la única y patente verdad.
La Unión Cívica Radical
forma parte de Cambiemos, también se debe decir la verdad que quienes
defendieron en su momento a “la Dictadura” hoy apoyan con imaginativo
entusiasmo a Mauricio Macri, aunque Macri siempre se desmarco de ello, por eso
no se logra a veces comprender que convivan dos pareceres totalmente distintos.
Sería excesivo achacar esta cuestión al Presidente Mauricio Macri quién llego
al poder por el voto popular.
Muchos que están a favor de
que se cierre esa grieta de los años setenta creen que ha llegado el momento de
hacerlo, y le cargan la responsabilidad al gobierno de Cambiemos, pero lo cierto
que se está cada vez más lejos de ello, en la agenda del gobierno Macri no está
el tema derechos humanos, hoy el gobierno está más preocupado por darle un
rumbo certero a la economía del país, que por cierto es por lo que la gente lo
voto. El verdadero votante de Cambiemos está ahí y Mauricio Macri lo sabe. Por eso
lo de la Corte Suprema cayó como un balde de agua fría, el gobierno quedo
arrinconado ya que al vivirse pregonando la división de poderes le deja poco o
casi nada de margen de opinión o se está a favor como salió el Secretario de
Derechos Humanos de Nación, el cual se tuvo que rectificar en estas últimas
horas o contestar negativamente como lo hicieron la Gobernadora Bonaerense o el
Jefe de Gabinete repudiando el fallo.
Estaría bueno que el
Presidente salga también a decir algo al respecto, más aún cuando ha quedado al
descubierto por error de omisión o de acción vaya uno a saber, como cuando cuestiono
la cifra de desaparecidos o pretendió hacer movible el 24 de marzo como feriado
recordatorio.
Los legisladores trataran de
encontrar un remedio a este mamarracho jurídico, seguro saldrá una ley que no permitirá
beneficiarse a los condenados por los delitos de lesa humanidad.
Por eso no se entiende por
qué la Corte sin haber llamado a Audiencia como indica sus reglamentos internos,
se pronunció rápidamente, eso lo podía hacer porque se sabía que era un fallo
político, más aún los derechos humanos es una cuestión de estado para la
Argentina, tanto para los gobiernos anteriores como para el actual.
¿Habrá habido compensación de
favores?, para hacerlo o se pensó que la Iglesia Católica habiendo manifestado
que era necesario una “pacificación” se refería a que le daba vía libre a los
expedientes que esperan en las oficinas de la Corte. El Papa horas después mando
señales que no estaba de acuerdo con ello y toda la Iglesia argentina salió a decir
que se mal interpretaron sus palabras de “pacificación”
El ex
presidente uruguayo, José “Pepe” Múgica, ex Tupamaro, dijo “los setenta se terminaran cuando todos nosotros
estemos muertos, los unos y los otros”, ¿Sera así?, entonces pareciera que deberá ser así.