Por Aurelio Nicolella
La situación de decadencia en el partido de Lanús puede
comprenderse con mayor claridad si se la contrasta con su pasado. Durante
décadas, Lanús fue reconocido como un pueblo dinámico, profundamente ligado al
trabajo, a la industria y al esfuerzo cotidiano de sus habitantes.
Sus barrios crecieron al calor de fábricas, talleres y
comercios, generando una identidad basada en la cultura del trabajo y en una
fuerte expectativa de progreso. Existía una perspectiva de futuro: las familias
confiaban en que el desarrollo urbano, la educación y el empleo permitirían a
las nuevas generaciones vivir mejor que las anteriores.
Sin embargo, con el paso del tiempo, esa proyección comenzó
a diluirse. La decadencia actual puede entenderse como el resultado de una
acumulación de decisiones y omisiones a lo largo de distintas gestiones
municipales, atravesadas por un rasgo común: el progresivo abandono de las
zonas periféricas en relación con el centro del distrito.
Durante la extensa intendencia de Manuel Quindimil, uno de
los aspectos más discutidos fue la urbanización de sectores vinculados a la
proyección de la Avenida General Paz. En torno a esas áreas, con el tiempo, se
fueron afincando asentamientos precarios que crecieron sin planificación ni
acompañamiento estatal. La falta de infraestructura, servicios básicos y
políticas de integración derivó en condiciones de hacinamiento, pobreza
estructural y exclusión social.
En ese contexto, y como ocurre en muchos territorios
atravesados por estas problemáticas, la delincuencia y el narcotráfico comenzaron a incrementarse,
alimentados por la marginalidad y la ausencia de oportunidades.
A esto se suma
que, según distintas versiones extendidas, “Don Manolo” mantenía reparos frente
a obras estructurales como la expansión de la red cloacal, o a gastos en infrastructuras edilicias educativas, ya que las consideraba de
escasa visibilidad política, lo que habría contribuido a postergar mejoras
esenciales para estos sectores. Todo ello impactó con mayor fuerza en los
barrios alejados del núcleo céntrico, marcando una primera brecha territorial
significativa.
En la gestión de Darío Díaz Pérez, lejos de revertirse, esa
desigualdad se profundizó. La administración fue señalada por su ineficiencia
para atender demandas básicas, especialmente en la periferia. El mantenimiento
urbano deficiente, la escasa inversión en obras y la falta de respuesta a
reclamos vecinales consolidaron la percepción de un municipio que comenzaba a
retirarse de su rol activo en amplias zonas del distrito.
Durante el período de Néstor Grindetti, si bien se
impulsaron obras visibles, distintos sectores sostienen que estas se
concentraron en áreas estratégicas como Valentín Alsina, favorecidas por su
cercanía con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta lógica reforzó un modelo
desigual: mientras algunos corredores mostraban mejoras, los barrios
periféricos continuaban sin recibir atención sostenida, profundizando el
contraste dentro del mismo municipio.
En la etapa más reciente, bajo la conducción de Julián
Álvarez, las críticas ya no se limitan únicamente a las zonas periféricas, sino
que también alcanzan al centro de Lanús y a sus distintas localidades. La
inseguridad se percibe como una problemática extendida, sin distinción clara
entre áreas, lo que refuerza la sensación general de desprotección.
A su vez, numerosos reclamos apuntan a un enfoque
excesivamente recaudatorio en materia de tránsito: la proliferación de cámaras
destinadas a labrar infracciones contrasta, según estas críticas, con la escasa
efectividad o funcionamiento limitado de los sistemas de videovigilancia
orientados a la prevención del delito. Esta aparente desproporción alimenta la
percepción de un Estado más presente para sancionar que para proteger.
