EL MITO DE LOS EXTRANJEROS QUE ESTUDIAN EN ARGENTINA
Por Aurelio Nicolella
“Los extranjeros vienen a estudiar a la Argentina y después se van.”
Pero la realidad es bastante más
compleja. Y los datos obligan a revisar una afirmación que se repite con
demasiada facilidad: que el extranjero viene a estudiar, obtiene su título y se
va.
Hay frases que se repiten tanto
que terminan convirtiéndose en verdades.
Una de ellas dice que los
extranjeros vienen a la Argentina, ingresan a nuestras universidades públicas,
estudian gratuitamente, obtienen un título y después regresan a sus países
llevándose consigo una formación que pagamos los argentinos.
La historia parece perfecta para
indignarse: Argentina paga, el extranjero estudia y después se lleva el título.
Pero hay un pequeño problema con
ese relato: los datos no lo sostienen.
Más del 70 % de los extranjeros
que estudian en Argentina termina radicándose en nuestro país. Es decir, la
idea del extranjero que viene, estudia, se recibe y se marcha no representa a
la mayoría.
Y si se queda, trabaja y
desarrolla su vida en Argentina, la ecuación es muy diferente.
Ese profesional pasa a formar
parte de nuestra sociedad, de nuestro mercado laboral y de nuestra economía.
Trabaja, produce, consume, paga impuestos y aporta sus conocimientos.
Entonces aparece una pregunta
bastante más incómoda:
¿Por qué nos preocupa tanto el
extranjero que se queda y tan poco el argentino que se va?
Porque mientras discutimos cuánto
cuesta formar a un extranjero, hay argentinos que pasan años dentro de una
universidad pública, obtienen un título y, apenas pueden, emigran.
Y acá aparece una de las grandes
paradojas de nuestro país.
Argentina invierte durante años
en formar médicos, ingenieros, arquitectos, científicos, abogados, docentes y
profesionales de todo tipo.
El Estado aporta recursos. Las
universidades aportan infraestructura y docentes. La sociedad sostiene ese
sistema.
Finalmente, el estudiante se
recibe. Obtiene su título. Y se va.
¿Y qué ocurre cuando llega al
exterior?
Aquí aparece una escena que
debería hacernos reflexionar mucho más.
El argentino que en nuestro país
consiguió un título universitario puede llegar al exterior gracias a que puede
obtener una visa o la ciudadanía europea por algún antepasado, lo que hace en
la mayoría de la veces es terminar lavando copas en un restaurante, trabajando
como camarero, limpiando pisos, haciendo tareas de hotelería o desempeñando
otros trabajos que no requieren la profesión para la cual fue formado durante
años.
Y hay que decirlo claramente: no
hay absolutamente nada indigno en lavar copas, limpiar pisos o trabajar en un
restaurante.
Son trabajos honestos y merecen
exactamente el mismo respeto que cualquier otro.
No todos son recibidos y tienen
el éxito como Rene Favaloro, César Milstein o César Pelli entre otros.
Pero la cuestión es otra, lo que
lleva a plantear la pregunta es qué ocurrió con el capital humano que Argentina
ayudó a formar.
Porque quizás el problema no sea
que ese argentino esté trabajando en un restaurante.
El verdadero problema es que
Argentina formó a un profesional y otro país terminó aprovechando, cuando logra
insertarse profesionalmente, la formación que nuestro país financió.
Y en muchos otros casos ni
siquiera llega a ejercer su profesión: termina utilizando su título como parte
de su historia personal, mientras su capacidad profesional queda
desaprovechada.
Mientras tanto, seguimos
discutiendo sobre el extranjero
Ahí aparece la contradicción. Nos
indignamos porque un extranjero pueda estudiar en una universidad argentina.
Pero podemos aceptar con absoluta
naturalidad que un argentino se forme durante años con recursos públicos y
después abandone el país.
Nos preocupa quién entra a la
universidad. En cambio deberíamos preocuparnos también por el argentino que
sale del país después de pasar por ella.
Porque el título no es solamente
un papel.
Detrás de cada profesional hay
años de educación, profesores, infraestructura, investigación, esfuerzo
familiar y recursos de toda la sociedad.
No se trata de argentinos contra
extranjeros, la discusión no debería transformarse en eso.
Si un extranjero viene, estudia y
se queda a trabajar en Argentina, no necesariamente estamos frente a un costo
sin retorno. Estamos incorporando una persona formada que puede contribuir al
país durante décadas.
Y si un argentino decide emigrar,
tampoco corresponde convertirlo en culpable. Tiene derecho a buscar una vida
mejor donde considere.
El problema es estructural, no individual.
Argentina tiene dificultades para retener a su propia gente calificada. Ese
debería ser el debate.
Porque mientras algunos políticos
discuten si un extranjero debe o no estudiar en nuestras universidades, miles
de argentinos miran hacia Ezeiza pensando que su futuro está en otra parte.
Y algunos de ellos,
paradójicamente, llegan al país que eligieron con un título universitario
argentino en la valija para terminar trabajando de lo que pueden conseguir.
Entonces, ¿cuál es el verdadero
problema?
Quizás deberíamos dejar de
formular la discusión de una manera tan sencilla:
“¿Cuánto nos cuesta formar a un
extranjero?”
Y empezar a formular otra
pregunta:
“¿Cuánto le cuesta a la Argentina
formar a un profesional que después se va?”
Porque si un extranjero se forma
en Argentina y se queda, Argentina gana un trabajador calificado.
Pero si Argentina forma a un
argentino durante años y ese profesional se va, Argentina pierde parte del
capital humano que ayudó a construir.
Y esa pérdida debería
preocuparnos muchísimo más.
La universidad pública no puede
discutirse solamente desde la nacionalidad del estudiante.
Hay que discutir qué sociedad
queremos construir, cuánto invertimos en educación y, fundamentalmente, qué
hacemos para que quienes se forman aquí quieran, y puedan, construir su futuro
aquí.
Porque quizás el verdadero mito
no sea que los extranjeros vienen a estudiar y se van.
Quizás el verdadero problema es
que estamos tan ocupados mirando quién entra a nuestras universidades que
dejamos de mirar cuántos de los que salen terminan cruzando la frontera.
Los datos detrás del debate
Los datos detrás del debate
¿Qué muestran realmente los números sobre los estudiantes extranjeros en Argentina?
4,6 %
Proporción de estudiantes extranjeros sobre el total de la matrícula universitaria argentina en 2023.
126.900
Estudiantes extranjeros registrados en las universidades argentinas en 2023.
85 %
De los estudiantes extranjeros cursaba carreras de grado.
15 %
Cursaba estudios de posgrado.
76 %
De los estudiantes extranjeros de grado cursaba en universidades públicas.
70 %
De los estudiantes extranjeros de posgrado cursaba en universidades públicas.
70 %
En una investigación de la UNAJ, el 70 % de los estudiantes extranjeros relevados había realizado la escuela secundaria en Argentina.
UN DATO QUE CAMBIA LA DISCUSIÓN
Una parte significativa de quienes aparecen estadísticamente como “extranjeros”
ya había realizado su formación secundaria en Argentina.
Reducir el fenómeno a “vienen, estudian gratis y se van” simplifica una realidad mucho más compleja.
La pregunta de fondo:
¿Cuántos profesionales forma Argentina, cuántos permanecen y cuántos terminan emigrando?
Fuentes: datos oficiales del sistema universitario argentino y estudio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ).
LA PENA DE MUERTE: UNA
DISCUSION QUE LA SOCIEDAD NO DEBERIA CLAUSURAR
Por qué, desde la mirada de
sus defensores, hay delitos cuya gravedad puede justificar la máxima sanción
De la Editorial del Magazine
Observador
La pena de muerte es,
probablemente, una de las cuestiones más difíciles que puede afrontar una
sociedad. Para unos constituye una violación inadmisible del derecho a la vida.
Para otros, en cambio, existen crímenes cuya gravedad es de tal magnitud que el
Estado puede legítimamente imponer la sanción máxima.
No se trata de una discusión
nueva ni exclusiva de nuestro tiempo. Durante siglos, filósofos, juristas,
teólogos y hombres de Estado han discutido si una comunidad política tiene
derecho a quitar la vida a quien ha cometido determinados delitos.
Entre quienes defendieron esta
posibilidad se encuentra una figura particularmente interesante: Jaime Guzmán
Errázuriz (*), jurista y senador chileno, quien sostuvo en 1990 una posición
cuidadosamente elaborada sobre la pena capital.
Para Jaime Guzmán no era una
cuestión de venganza, sino de justicia. Guzmán no planteaba la pena de muerte
en términos de venganza privada ni de odio hacia el delincuente.
Su razonamiento partía de una
pregunta mucho más profunda: ¿puede existir un delito cuya gravedad sea tan
extraordinaria que la pena proporcional llegue hasta la muerte?
Su respuesta era afirmativa.
En un artículo publicado en El
Mercurio en octubre de 1990, Guzmán sostenía “que el delito no solamente
perjudica a una víctima individual, sino que también quiebra el orden jurídico
y social que la comunidad busca proteger”. Por eso entendía que la pena debía
guardar proporción con la gravedad del daño producido.
En el debate parlamentario
chileno de ese mismo año fue todavía más explícito: sostuvo que había delitos
cuya “extrema gravedad” podía hacer que la sanción proporcionada llegara
a ser la pena capital.
La idea central es sencilla: si
la pena debe ser proporcional al delito, no todos los delitos pueden recibir
necesariamente la misma respuesta.
Un homicidio cometido bajo
determinadas circunstancias no es jurídicamente equivalente a una infracción
menor. Para los partidarios de la pena capital, hay crímenes que por su
crueldad, deliberación y consecuencias pueden situarse en el extremo máximo de
la escala penal.
La defensa de la sociedad
Otro de los argumentos centrales
de Guzmán era la defensa de la sociedad.
La pena no tiene únicamente una
función de castigo. También procura impedir nuevos daños, proteger a las
víctimas potenciales y reafirmar la vigencia de la ley.
Guzmán reconocía varias
finalidades de las penas: la protección de la sociedad, el efecto disuasivo, la
rehabilitación y la retribución. Pero otorgaba una importancia particular a
esta última: la pena debía guardar una relación justa con el mal causado.
Desde esta perspectiva, el
defensor de la pena de muerte puede formular una pregunta incómoda:
¿Por qué la sociedad debe estar
obligada a conservar para siempre la vida de quien, mediante un crimen
excepcionalmente grave, destruyó deliberadamente la vida de otro?
La respuesta abolicionista será
que el Estado debe ser diferente del criminal y nunca convertirse en una
institución que mata.
La respuesta de quienes sostienen
la pena capital es distinta: el Estado no mata arbitrariamente; ejecuta una
pena prevista por la ley, impuesta después de un proceso judicial y por un
delito cuya gravedad ha sido previamente determinada por el orden jurídico.
La diferencia, para ellos, está
entre el homicidio privado y el ejercicio legítimo de la autoridad pública.
Muchos siglos antes de Guzmán,
Santo Tomás de Aquino había elaborado un razonamiento que tendría enorme
influencia en la tradición jurídica occidental.
En la Suma Teológica, al analizar
si es lícito matar al delincuente, compara a la sociedad con un organismo: si
una persona representa un peligro grave para el conjunto, la autoridad pública
puede, según su razonamiento, adoptar medidas extremas para preservar el bien
común.
Pero hay una precisión
fundamental: para Santo Tomás no corresponde al individuo decidir y ejecutar
por su propia mano. La potestad de aplicar una pena extrema pertenece a la
autoridad pública encargada de la comunidad.
Esto introduce una distinción que
continúa siendo fundamental:
una cosa es la venganza privada y
otra el ejercicio de la potestad punitiva del Estado.
El partidario de la pena de
muerte sostiene que solamente la segunda podría ser legítima.
Para Kant: la justicia exige
proporcionalidad. La defensa de la pena capital tampoco pertenece
exclusivamente al pensamiento religioso. Immanuel Kant, uno de los grandes
filósofos de la modernidad, sostuvo una posición particularmente rigurosa.
Para Kant, la pena no debía
aplicarse simplemente porque fuera útil para producir determinados efectos
sociales. La justicia exigía que el responsable recibiera una sanción
proporcional a su delito.
En el caso del homicidio, Kant
entendía que la muerte era la única pena que podía satisfacer plenamente el
principio de proporcionalidad. No se trataba fundamentalmente de disuadir a
otros: se trataba de hacer justicia frente al crimen cometido.
Es una concepción profundamente
retributiva: quien deliberadamente quita una vida ha cometido un acto cuya
gravedad exige una respuesta equivalente.
También John Locke, uno de los
padres del liberalismo político, reconocía en el Segundo tratado sobre el
gobierno civil que el poder político comprende la facultad de establecer leyes
con penas de muerte, siempre orientadas al bien público.
Esto es interesante porque
demuestra que la discusión no puede reducirse fácilmente a: “pena de muerte =
autoritarismo”.
La historia del pensamiento
político es mucho más compleja.
Locke, uno de los grandes
defensores de los derechos individuales y de las limitaciones al poder
político, admitía que el orden civil podía contemplar la pena capital en
determinadas circunstancias.
El argumento de la disuasión
Existe además otro argumento muy
conocido: la pena de muerte puede disuadir a potenciales delincuentes.
El razonamiento es sencillo: si
una persona sabe que determinados delitos pueden conducir a su propia
ejecución, puede decidir no cometerlos.
Los defensores de la pena capital
sostienen que, frente a la posibilidad de salvar vidas inocentes, el Estado
tiene derecho a utilizar la sanción más severa disponible. Esa posición ha sido
defendida por diversos autores y juristas.
Ahora bien, aquí corresponde
hacer una distinción importante.
No existe consenso científico en
que la pena de muerte produzca necesariamente un efecto disuasorio superior al
de otras penas. El propio debate académico continúa abierto y las
investigaciones disponibles no permiten presentar la disuasión como una verdad
demostrada.
Por eso, el argumento más sólido
a favor de la pena capital no necesariamente tiene que descansar en la
estadística.
Puede descansar en la justicia
retributiva y la proporcionalidad.
¿Y si existe un error judicial?
Aquí aparece el principal
problema.
Jaime Guzmán reconocía que la
irreversibilidad de la pena de muerte era el argumento que más fuerza le hacía
frente a ella.
Porque una condena injusta a
prisión puede, al menos en teoría, ser revisada y reparada.
Una ejecución no.
Guzmán consideraba, sin embargo,
que un sistema con garantías procesales extraordinarias podía reducir ese
riesgo a un nivel excepcionalmente bajo. Su posición estaba vinculada a las
garantías que tenía entonces el sistema chileno, entre ellas exigencias
especialmente rigurosas para llegar a la pena capital.
Aquí se encuentra quizás el punto
donde la discusión se vuelve más difícil: ¿Puede una sociedad aceptar una pena
irreversible sabiendo que todo sistema judicial puede equivocarse?
Quienes responden afirmativamente
sostienen que el riesgo debe reducirse mediante garantías extraordinarias,
doble instancia, revisión de la prueba y exigencias probatorias máximas.
Quienes responden negativamente
sostienen que ninguna garantía puede eliminar completamente la posibilidad del
error.
La cuestión religiosa: una
evolución histórica
También resulta interesante la
relación entre pena de muerte y cristianismo.
En la época en que Guzmán
escribió y habló sobre el tema, sostenía que la tradición doctrinal católica no
había considerado siempre ilegítima la pena capital y que su aplicación podía
quedar vinculada a la prudencia de la autoridad y a las circunstancias del bien
común.
Pero aquí hay que hacer una
aclaración histórica imprescindible para no atribuirle a la Iglesia actual una
posición que ya no sostiene.
En 2018, el Catecismo de la
Iglesia Católica fue modificado y actualmente enseña que “la pena de muerte es
inadmisible”, porque atenta contra la inviolabilidad y dignidad de la persona,
y la Iglesia se compromete con su abolición universal.
Por lo tanto, el argumento
religioso de Guzmán pertenece al contexto doctrinal en el que él escribió y no
debe confundirse con la posición oficial actual de la Iglesia Católica.
¿Por qué algunos siguen
defendiendo la pena de muerte?
Quienes hoy sostienen esta
posición suelen combinar varios argumentos:
Primero: determinados delitos
pueden ser tan graves que la máxima pena resulte proporcional.
Segundo: el Estado tiene el deber
primordial de proteger a los inocentes y preservar el orden jurídico.
Tercero: la prisión perpetua no
necesariamente expresa, para todos los partidarios de esta posición, una
respuesta proporcional frente a determinados crímenes.
Cuarto: la pena capital puede
tener un efecto disuasorio, aunque éste sea discutido empíricamente.
Quinto: existe una diferencia
moral y jurídica entre el homicidio cometido por un particular y la aplicación
de una pena por parte de un Estado después de un proceso judicial.
Sexto: para algunos defensores,
abolir absolutamente la pena de muerte significa privar al Estado de una
herramienta que podría resultar necesaria frente a delitos excepcionalmente
graves.
Una discusión que merece
continuar
La discusión sobre la pena de
muerte no debería reducirse a consignas.
No alcanza con decir “hay que
matar a los criminales”, porque eso convertiría una cuestión jurídica y
filosófica en una reacción emocional.
Pero tampoco parece suficiente
responder que “el Estado nunca puede matar” sin examinar las razones
históricas y filosóficas por las cuales grandes pensadores llegaron a una
conclusión diferente.
Desde Santo Tomás de Aquino hasta
Kant, pasando por Locke y, en el siglo XX, Jaime Guzmán, existe una tradición
intelectual que considera que la autoridad pública puede llegar a tener una
potestad punitiva extrema cuando están en juego la justicia, la proporcionalidad
y la protección del bien común.
La gran pregunta, entonces, no es
solamente:
“¿Pena de muerte sí o no?”
La pregunta más profunda es:
¿Existe algún crimen tan grave
que la justicia pueda considerar legítima la máxima pena, aun sabiendo que esa
decisión coloca al Estado ante la responsabilidad de quitar deliberadamente una
vida?
Jaime Guzmán respondió que sí,
excepcionalmente.
Sus adversarios respondieron que
ningún crimen permite al Estado cruzar ese límite.
Y probablemente por eso, más de
dos mil años después de que comenzó la discusión, la cuestión de la pena de
muerte continúa siendo uno de los debates más difíciles sobre los límites del
poder del Estado y el significado mismo de la justicia.
La paradoja de Guzmán: la
muerte como última posibilidad de salvación
Existe un aspecto del pensamiento
de Jaime Guzmán como católico practicante sobre la pena de muerte que suele
quedar relegado cuando el debate se reduce a la cuestión de la seguridad o de
la proporcionalidad de las penas.
Guzmán veía también en la
proximidad de la muerte una posible oportunidad de rehabilitación espiritual.
En una entrevista realizada en
1985, ante la pregunta de si la pena de muerte podía llegar a ser una bendición
de Dios, Guzmán respondió que podía constituir un instrumento de rehabilitación
muy profunda del alma humana. Su razonamiento era que quien había cometido un
delito gravísimo podía experimentar, precisamente en los últimos momentos de su
existencia, una transformación interior al enfrentarse con la certeza de que
debía pagar con su propia vida por el delito cometido.
Guzmán incluso afirmaba haberse
colocado mentalmente en el lugar del condenado. Se preguntaba qué ocurriría si
fuera él mismo quien estuviera frente a la muerte y, aun desde esa perspectiva,
sostenía que continuaba considerando la pena capital como una instancia de
profunda rehabilitación.
Aquí aparece una diferencia
fundamental respecto de la concepción moderna de la rehabilitación.
Para Guzmán, rehabilitar no
significaba necesariamente volver a insertar al condenado en la sociedad.
Existía otra dimensión: la rehabilitación moral y espiritual de la persona.
El condenado podía no tener un
futuro terrenal, pero todavía podía tener un futuro eterno.
La proximidad de la muerte
convertía entonces el arrepentimiento en una experiencia concreta. Ya no se
trataba de una reflexión abstracta sobre la posibilidad de morir algún día. El
condenado sabía que su vida terrenal estaba llegando a su fin y que debía
enfrentarse, en pocos minutos u horas, con aquello que para un creyente
constituye el juicio de Dios.
Desde esa perspectiva, la pena
capital podía adquirir para Guzmán una dimensión paradójica: la misma pena que
terminaba con la vida terrenal podía convertirse, para quien se arrepentía
sinceramente, en una última oportunidad de salvar su alma.
Su razonamiento encontraba además
un antecedente en la tradición cristiana del llamado “buen ladrón” del
Evangelio. Crucificado junto a Cristo y consciente de que su muerte era
inminente, reconoció su culpa y se volvió hacia Jesús. La tradición cristiana interpretó
ese arrepentimiento como una muestra de que incluso en el último instante puede
producirse una conversión.
Así entendida, la posición de
Guzmán no descansaba únicamente en la idea de castigar al delincuente. Había
también una concepción profundamente religiosa de la persona humana: la vida
terrenal no constituye toda la existencia del hombre y, por ello, la muerte no
necesariamente clausura la posibilidad de redención.
Esta concepción explica por qué
Guzmán podía defender la pena de muerte y, al mismo tiempo, hablar de
rehabilitación. Para él no existía una contradicción: el condenado podía perder
la posibilidad de continuar viviendo en este mundo y, sin embargo, ganar, mediante
el arrepentimiento, la posibilidad de una vida eterna.
Es probablemente uno de los
aspectos más controvertidos, pero también más originales, de su pensamiento
sobre la pena capital.
(*) Guzmán Errázuriz, Jaime (1946-1991), fue un abogado, académico y político chileno. Senador de la República (1990-1991), fundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y profesor de Derecho Constitucional y Teoría Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue uno de los principales redactores e ideólogos de la Constitución Política de Chile de 1980. Integró desde 1973 la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución "Comisión Ortúzar", que elaboró el anteproyecto que constituyó la base de la Carta Fundamental.
LA PENA DE MUERTE
Una discusión que la sociedad no debería clausurar
MAGAZINE OBSERVADOR
Por la Editorial
La pena de muerte es una de las cuestiones más difíciles que puede afrontar una sociedad.
Para unos, constituye una violación inadmisible del derecho a la vida. Para otros, existen crímenes cuya gravedad puede justificar la máxima sanción.
LA PREGUNTA CENTRAL
¿Puede existir un delito cuya gravedad sea tan extraordinaria que la pena proporcional llegue hasta la muerte?
1. JAIME GUZMÁN: JUSTICIA, NO VENGANZA
Jaime Guzmán Errázuriz defendía la posibilidad de mantener la pena de muerte para determinados delitos de extrema gravedad.
Su planteo no estaba basado en la venganza ni en el odio hacia el delincuente.
La pena debía ser proporcional a la gravedad del delito.
Para Guzmán, el delito no solamente perjudica a una víctima individual: también afecta el orden jurídico y social que la comunidad busca proteger.
2. LA DEFENSA DE LA SOCIEDAD
La pena no tiene solamente una función de castigo.
Proteger a la sociedad.
Impedir nuevos delitos.
Reafirmar la vigencia de la ley.
Responder proporcionalmente al crimen.
Desde esta perspectiva aparece una pregunta incómoda:
¿Por qué la sociedad debería conservar para siempre la vida de quien deliberadamente destruyó la vida de otro mediante un crimen excepcionalmente grave?
3. SANTO TOMÁS DE AQUINO
Muchos siglos antes de Guzmán, Santo Tomás de Aquino consideró que la autoridad pública podía recurrir a la pena de muerte en determinadas circunstancias para preservar el bien común.
Una distinción fundamental:
Venganza privada ≠ potestad punitiva del Estado.
4. KANT: LA PROPORCIONALIDAD
Immanuel Kant defendió una concepción estrictamente retributiva de la pena.
Para Kant, la justicia exigía que el responsable recibiera una sanción proporcional al delito cometido.
DELITO GRAVÍSIMO
↓
PENA PROPORCIONAL
En el caso del homicidio, Kant entendía que la muerte podía constituir la única respuesta plenamente proporcional.
5. JOHN LOCKE
John Locke, uno de los grandes pensadores de la tradición liberal, también reconocía al poder político facultades punitivas que podían incluir la pena de muerte en determinadas circunstancias y orientadas al bien público.
Por eso, históricamente, la defensa de la pena capital no puede identificarse automáticamente con el autoritarismo.
6. EL ARGUMENTO DE LA DISUASIÓN
Otro argumento utilizado por los defensores de la pena de muerte es su posible efecto disuasorio.
El razonamiento:
Si una persona sabe que determinados delitos pueden conducir a la pena capital, puede decidir no cometerlos.
Sin embargo, este argumento continúa siendo discutido y no existe consenso científico sobre que la pena de muerte tenga necesariamente un efecto disuasorio superior al de otras penas.
7. EL PROBLEMA DEL ERROR JUDICIAL
Este es uno de los argumentos más difíciles para quienes defienden la pena capital.
PRISIÓN
Una condena injusta puede ser revisada.
PENA DE MUERTE
Una ejecución es irreversible.
El propio Guzmán reconocía que éste era el argumento que mayor fuerza tenía contra la pena capital.
Su respuesta era la necesidad de establecer garantías procesales extraordinarias para reducir al mínimo el riesgo de una condena errónea.
8. LA DIMENSIÓN RELIGIOSA
En el pensamiento de Guzmán existe además una dimensión que suele quedar fuera del debate: la posibilidad de la conversión espiritual del condenado.
Para Guzmán, la vida terrenal no era toda la existencia humana.
Por eso, la muerte no necesariamente significaba el final de la posibilidad de redención.
LA PARADOJA DE GUZMÁN
La muerte podía convertirse en la última oportunidad de salvar el alma.
9. LA ÚLTIMA HORA
Guzmán sostenía que la proximidad de la muerte podía provocar una transformación interior profunda.
El condenado ya no enfrenta una posibilidad abstracta. Sabe que su vida terrenal está llegando a su fin.
La muerte deja de ser una idea lejana.
Se convierte en una realidad inmediata.
Para un creyente, esa certeza puede conducir al reconocimiento de la culpa, al arrepentimiento, a la confesión y a la reconciliación con Dios.
Por eso Guzmán podía hablar de rehabilitación aun cuando el condenado no fuera a regresar a la sociedad.
No hablaba solamente de rehabilitación social. Hablaba también de rehabilitación moral y espiritual.
10. EL BUEN LADRÓN
La tradición cristiana encuentra un antecedente poderoso en el llamado “buen ladrón”, crucificado junto a Cristo.
Consciente de que su muerte era inminente, reconoció su culpa y se volvió hacia Jesús.
Incluso en el último instante de la vida puede producirse una conversión.
Esta idea ayuda a comprender por qué Guzmán consideraba que la muerte física no necesariamente clausuraba la posibilidad de redención.
11. UNA IDEA CONTROVERTIDA
La posición de Guzmán plantea una paradoja difícil de resolver.
VISIÓN ABOLICIONISTA
VISIÓN DE GUZMÁN
La muerte elimina la posibilidad de rehabilitación.
La proximidad de la muerte puede provocar una rehabilitación espiritual.
El Estado no debe quitar la vida.
El Estado puede imponer excepcionalmente la máxima pena.
12. LA POSICIÓN ACTUAL DE LA IGLESIA
Es importante señalar que la posición actual de la Iglesia Católica es diferente de la tradición doctrinal en la que Guzmán fundamentaba parte de su pensamiento.
Desde 2018, el Catecismo sostiene que “la pena de muerte es inadmisible” y afirma el compromiso de la Iglesia con su abolición universal.
13. UNA DISCUSIÓN QUE SIGUE ABIERTA
La discusión sobre la pena de muerte no debería reducirse a consignas.
¿Qué es la justicia?
¿Cuál es el límite del poder del Estado?
¿Puede existir un delito tan grave que merezca la máxima pena?
¿Puede un condenado arrepentirse verdaderamente en el último momento de su vida?
¿Puede el Estado asumir una pena irreversible aun sabiendo que puede equivocarse?
LA PREGUNTA FINAL
¿Existe algún crimen tan grave que la justicia pueda considerar legítima la máxima pena?
Jaime Guzmán respondió que sí, excepcionalmente.
Sus adversarios respondieron que ningún crimen permite al Estado cruzar ese límite.
FUENTES CONSULTADAS
Guzmán Errázuriz, Jaime, ¿Por qué abolir la pena de muerte?, artículo publicado en El Mercurio, Santiago de Chile, 21 de octubre de 1990.
Archivo Jaime Guzmán, escritos y documentos sobre su pensamiento, espiritualidad y posición respecto de la pena de muerte.
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, antecedentes biográficos y labor parlamentaria de Jaime Guzmán Errázuriz.
Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, II-II, cuestión 64, sobre la potestad de la autoridad para aplicar la pena de muerte.
Kant, Immanuel, La metafísica de las costumbres, doctrina del derecho y principio de proporcionalidad de la pena.
Locke, John, Segundo tratado sobre el gobierno civil, sobre el poder punitivo de la autoridad civil.
Guzmán Errázuriz, Rosario, Mi hermano Jaime, Santiago de Chile, 1991.
Cristi, Renato, El pensamiento político de Jaime Guzmán: una biografía intelectual, LOM Ediciones, Santiago de Chile, 2014.
ARTURO ILLIA Y LOS COMANDOS CIVILES: EL PASADO OCULTO DE
UN PRESIDENTE
La historia detrás de la Revolución Libertadora
Por Aurelio Nicolella
Abogado – Escritor e investigador
Esta es una faceta poco conocida del hombre que años después sería Presidente de la Nación. Cuando se menciona a Arturo Umberto Illia, la memoria histórica suele asociarlo con la honestidad republicana, la austeridad, la defensa de las instituciones y su breve presidencia entre 1963 y 1966.
Sin embargo, existe otra etapa de su trayectoria política mucho menos conocida: su participación, durante 1955, en el movimiento civil que acompañó el levantamiento militar contra el segundo gobierno constitucional de Juan Domingo Perón.
La cuestión merece ser examinada sin simplificaciones y separando la figura posterior de Illia de la actuación política que tuvo durante la crisis de 1954 y 1955.
La Argentina de 1955
Para comprender la aparición de los comandos civiles es necesario situarse en la Argentina de comienzos de la década de 1950.
El primer gobierno de Juan Domingo Perón, iniciado en 1946, había producido una profunda transformación política y social. El peronismo había consolidado una relación extraordinariamente fuerte con los trabajadores y con importantes sectores populares.
Al mismo tiempo, se había producido una creciente confrontación con sectores de la oposición política, parte de las Fuerzas Armadas y, particularmente desde 1954, con sectores de la Iglesia Católica.
Durante el segundo gobierno de Perón, iniciado en 1952, la tensión política aumentó hasta alcanzar niveles desconocidos hasta entonces. La oposición comenzó a organizar diferentes formas de resistencia y, entre ellas, aparecieron los denominados Comandos Civiles Revolucionarios.
¿Qué eran los Comandos Civiles?
Los comandos civiles no constituían una organización única y homogénea. Existían grupos vinculados con distintas corrientes políticas y sociales: radicales, socialistas, conservadores, nacionalistas católicos, demócratas cristianos y sectores independientes.
La investigación de Mónica Inés Bartolucci los describe como grupos civiles organizados clandestinamente, con estructura celular, armados y vinculados con sectores militares que participaban de la conspiración contra el gobierno de Perón.
Su organización tenía características particulares. Pequeños grupos actuaban de manera relativamente compartimentada, utilizando contactos personales, nombres falsos y mecanismos destinados a preservar la clandestinidad.
La finalidad fundamental era colaborar con la conspiración militar y preparar una eventual acción contra el gobierno.
Sus actividades fueron diversas: propaganda clandestina, distribución de información, comunicaciones secretas, sabotaje, almacenamiento y traslado de armas, interrupción de comunicaciones, ocupación de determinados edificios y apoyo logístico a los militares sublevados. Durante el levantamiento de septiembre de 1955, algunos de estos grupos participaron además en acciones armadas.
La investigación histórica registra que se encontraban vinculados con militares que proporcionaban recursos, armamento y orientación.
Por ello, hablar simplemente de “militantes opositores” resulta insuficiente. Se trataba, en determinados casos, de organizaciones clandestinas con una dimensión insurreccional y armada.
Córdoba y la participación de Illia
En Córdoba esta colaboración alcanzó particular importancia. La provincia fue uno de los principales centros del antiperonismo. Allí confluyeron sectores radicales, estudiantes universitarios, socialistas, católicos, conservadores y militares.
La investigación académica señala que los comandos civiles cordobeses recibieron entrenamiento de jóvenes oficiales de la Aeronáutica y que participaron en la sublevación del 16 de septiembre de 1955.
En ese escenario aparece Arturo Illia.
Illia pertenecía al radicalismo cordobés y al sector “sabattinista” (1). Para entonces ya tenía una importante trayectoria política: había sido vicegobernador de Córdoba y diputado nacional. En 1955 se encontraba enfrentado políticamente con el gobierno de Perón y participó de la conspiración antiperonista en Córdoba.
Algunas fuentes periodísticas y testimoniales lo presentan incluso como uno de los principales organizadores de los comandos civiles cordobeses. Sin embargo, conviene evitar una simplificación: no existe consenso suficiente para presentar a Illia como jefe absoluto de todos los comandos civiles del país.
Pero tampoco hay elementos para determinar que haya querido evitar la violencia del gurpo. La organización fue fragmentaria y existieron distintos grupos, jefaturas y vínculos militares.
Lo que sí aparece documentado es su vinculación con el movimiento civil que acompañó la rebelión en Córdoba.
El levantamiento de septiembre
El 16 de septiembre de 1955 comenzó la sublevación militar que terminaría con el gobierno constitucional de Perón. En Córdoba, los civiles tuvieron una participación particularmente significativa.
Los rebeldes no contaban con suficientes tropas de infantería para controlar todos los puntos estratégicos de la ciudad. Por eso, los comandos civiles adquirieron una función militar auxiliar.
Fuentes históricas describen su participación en la ocupación de lugares estratégicos, entre ellos la sede policial, la CGT, el aeropuerto y otras dependencias.
La Casa Radical también tuvo un papel importante como lugar de reunión y distribución de armas entre civiles comprometidos con la rebelión.
Incluso se difundió una proclama firmada por Arturo Illia llamando a la población a salir a la calle en apoyo del movimiento.
Una reconstrucción histórica de La Libertadora señala que Illia y otros dirigentes radicales firmaron esa proclama mientras desde la Casa Radical se distribuían armas proporcionadas por la Fuerza Aérea. Los civiles armados tuvieron luego una participación directa en la toma de distintos puntos estratégicos de Córdoba.
En consecuencia, la Revolución Libertadora no fue exclusivamente una operación militar. Fue una acción cívico-militar, aunque el peso decisivo y el control del nuevo poder quedaron en manos de las Fuerzas Armadas.
Después del triunfo
¿Qué ocurrió con los comandos después del triunfo?
Una característica interesante es que, en general, no permanecieron como organizaciones clandestinas permanentes. Una investigación de la Universidad Nacional de la Defensa señala que se trató fundamentalmente de organizaciones transitorias, creadas para una coyuntura específica.
Después del triunfo, muchos de sus integrantes regresaron a sus organizaciones políticas originales y algunos ocuparon posteriormente cargos en distintas instituciones estatales.
Esto permite comprender que los comandos fueron, fundamentalmente, instrumentos de una determinada coyuntura política y militar.
Pero su actuación no terminó con el derrocamiento de Perón. También participaron en hechos de violencia que forman parte de una de las etapas más oscuras de la confrontación política argentina.
La violencia antiperonista
Los comandos civiles participaron de acciones violentas. No fueron únicamente organizaciones de propaganda.
El 15 de abril de 1953, mientras una multitud se encontraba reunida en la Plaza de Mayo en un acto sindical convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en apoyo del gobierno de Juan Domingo Perón, dos bombas fueron detonadas en las inmediaciones de la concentración.
El atentado, perpetrado por un grupo antiperonista, provocó la muerte de seis personas y más de noventa heridos, algunos de ellos con graves mutilaciones. El Archivo Nacional de la Memoria conserva la causa judicial iniciada entonces bajo la carátula “Carranza Roque y otros Sobre Actividades subversivas y terroristas”, que reúne 26 cuerpos de actuaciones judiciales.
Entre los nombres vinculados judicialmente con aquel episodio apareció Roque Carranza, quien años después tendría una extensa trayectoria política y llegaría a integrar el gobierno de Raúl Alfonsín.
Las actuaciones judiciales de la época lo incluyeron entre los investigados por el atentado. La documentación histórica permite afirmar que el episodio constituyó una de las expresiones más graves de la violencia política antiperonista de aquellos años y un antecedente significativo de la escalada de confrontación que culminaría con el bombardeo de Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955 y, tres meses después, con el derrocamiento de Perón.
El episodio resulta significativo para comprender el clima político que precedió a la Revolución Libertadora: la oposición había comenzado a abandonar progresivamente los mecanismos exclusivamente electorales para recurrir también a formas clandestinas de conspiración, sabotaje y violencia.
La historia posterior de Carranza agrega una de las paradojas de aquel período: quien había sido investigado y procesado por uno de los episodios terroristas más graves de la década de 1950 terminaría décadas después ocupando funciones de alta responsabilidad en la República.
El caso Manuel Chaves
El caso de Manuel Chaves constituye otro de los episodios graves ocurridos inmediatamente después del triunfo de la Revolución Libertadora.
Chaves, secretario general de ATE y de la CGT de Azul y dirigente identificado con el peronismo, fue buscado en su domicilio el 22 de septiembre de 1955 por un operativo integrado por efectivos de la Marina y civiles vinculados a los comandos civiles.
La reconstrucción del episodio permite distinguir responsabilidades: aunque los comandos civiles participaron del operativo, las fuentes que han investigado específicamente el caso atribuyen los disparos que provocaron la muerte de Chaves al teniente de navío Carlos Alberto Heredia.
Por ello, resulta históricamente más preciso hablar de la participación de los comandos civiles en el operativo y no atribuirles, sin más, la autoría material del homicidio, aunque su participación en el procedimiento forma parte de la responsabilidad histórica que debe ser examinada.
Estos episodios muestran que aquellos grupos no se limitaron a la propaganda. Hubo enfrentamientos armados, ocupaciones, sabotajes y acciones contra estructuras vinculadas al gobierno peronista. En determinados lugares, después del golpe, grupos de civiles armados participaron también en la ocupación de locales sindicales.
La historiografía registra que la violencia política de aquellos años no fue patrimonio exclusivo de un solo sector. La Argentina atravesaba un proceso de creciente radicalización.
Reconocer la existencia de violencia en el campo antiperonista no implica negar la violencia ejercida desde el Estado durante el peronismo. Por el contrario, permite construir una historia menos partidaria y más compleja.
La paradoja de Illia
Aquí aparece una de las paradojas más interesantes de la historia argentina.
El hombre que años después sería recordado como símbolo de austeridad, honestidad y respeto institucional había participado, en 1955, de una conspiración civil destinada a colaborar con un levantamiento militar contra un gobierno constitucional.
La observación histórica no pretende necesariamente invalidar su trayectoria posterior. Pero sí permite comprender que los hombres políticos son también productos de su tiempo.
La Argentina de 1955 estaba atravesada por una confrontación política extrema. El concepto de democracia no era interpretado de la misma manera por todos los actores. Para los sectores antiperonistas, la caída de Perón podía presentarse como una recuperación de las libertades constitucionales. Para el peronismo y sus simpatizantes, en cambio, se trataba del derrocamiento de un gobierno elegido por el voto popular.
La historia posterior demostraría que la llamada Revolución Libertadora tampoco inauguraría inmediatamente una democracia plena.
El nuevo gobierno militar intervino las instituciones, disolvió el Congreso y prohibió progresivamente la actividad política peronista. La proscripción del peronismo tendría consecuencias durante muchos años.
La paradoja fue evidente: un movimiento presentado como una revolución destinada a restablecer las libertades políticas terminó estableciendo restricciones sobre una parte sustancial del electorado argentino.
La contradicción marcaría toda la política argentina posterior. El peronismo quedaría excluido de las elecciones durante años, y esa exclusión tendría consecuencias decisivas en los gobiernos de Frondizi, Guido y del mismo Illia.
Illia después de 1955
La historia de Arturo Illia no terminó con la Revolución Libertadora. Continuó participando en la política radical y, finalmente, llegó a la Presidencia de la Nación en 1963.
Su gobierno quedó asociado a una concepción de la función pública caracterizada por la austeridad y la defensa de determinadas instituciones republicanas.
Precisamente por eso resulta interesante recuperar su pasado de 1955.
La historia no debería construirse solamente a partir de las imágenes posteriores de los protagonistas. Debe observar también sus contradicciones.
Pero la conducta de Arturo Umberto Illia da pie a una cuestión que merece discusión: ¿puede considerarse democrático participar en un movimiento destinado a derrocar a un gobierno constitucional, más aún cuando dicho movimiento produjo muertos y heridos?
La respuesta histórica exige separar dos cuestiones.
Una cosa es comprender las razones políticas que llevaron a determinados sectores a considerar intolerable al gobierno de Perón.
Otra es determinar la legitimidad constitucional de recurrir a la fuerza para derribar un gobierno elegido mediante elecciones.
Desde el punto de vista institucional, la respuesta es clara: el derrocamiento de un gobierno constitucional mediante la fuerza militar constituye una ruptura del orden constitucional.
Pero comprender esa ruptura no significa desconocer el contexto político que la produjo.
Una paradoja que llega hasta 1982
La ironía de la historia volvería a colocar a Illia en el centro de la escena casi tres décadas después.
Tras la derrota argentina en Malvinas y el derrumbe del régimen militar denominado Proceso de Reorganización Nacional, comenzó a abrirse el camino hacia la transición democrática. En ese contexto, la Multipartidaria Nacional (2) adquirió un papel central en la presión por la normalización institucional.
Raúl Alfonsín, que sostenía una posición particularmente crítica frente al régimen militar, llegó a proponer que el gobierno fuera entregado a un presidente civil de transición, acompañado por un gabinete de salvación nacional, y señaló para esa función a Arturo Umberto Illia.
La propuesta fue formulada antes de la guerra de Malvinas y reiterada en junio de 1982, cuando el gobierno militar perdió el conflicto con los británicos.
Pero el propio Illia terminó rechazándola públicamente.
La paradoja histórica resulta inevitable: el mismo dirigente radical que en 1955 había estado vinculado al entramado civil que acompañó el derrocamiento de Perón aparecía, en 1982, como una de las figuras convocadas para encabezar la recuperación institucional y conducir la transición hacia la democracia.
Para el peronismo, aquel pasado no podía resultar indiferente. Sin embargo, no hemos encontrado hasta el momento documentación suficiente para afirmar categóricamente que la oposición peronista a aquella alternativa, si efectivamente la hubo como posición orgánica, se debiera específicamente a su actuación en los comandos civiles.
La historia, una vez más, mostraba sus contradicciones: el hombre de 1955 podía convertirse, veintisiete años después, en símbolo de la democracia que debía suceder a la última dictadura militar.
Una mirada desde el presente
La historia de los comandos civiles deja una enseñanza que trasciende el enfrentamiento entre peronismo y antiperonismo.
Cuando una sociedad comienza a considerar que el adversario político no es simplemente un adversario, sino un enemigo que debe ser eliminado del sistema, las instituciones comienzan a perder su capacidad de resolver los conflictos.
La política deja entonces de ser competencia electoral y se transforma en confrontación. Y cuando esa confrontación se combina con armas, conspiraciones y participación militar, el resultado suele ser la ruptura institucional.
La experiencia argentina de 1955 constituye uno de los ejemplos más importantes de ese proceso.
Arturo Umberto Illia fue, sin duda, una figura fundamental de la política argentina del siglo XX. Pero conocer su trayectoria exige también mirar aquellos episodios que no encajan cómodamente en la imagen posterior del “presidente honesto”.
Su participación en el entramado civil antiperonista de Córdoba en 1955 forma parte de esa historia. Existen fuentes que le atribuyen un papel de conducción dentro de los comandos cordobeses, aunque esa caracterización debe ser presentada con prudencia y diferenciada de la afirmación de que hubiera sido el jefe absoluto de los comandos civiles nacionales.
La historia, cuando pretende ser verdaderamente historia, no debe construir santos ni demonios.
Debe mostrar a los hombres en sus circunstancias, con sus convicciones, sus errores, sus aciertos y también sus contradicciones.
Y quizás allí encontremos una de las mayores enseñanzas de 1955: cuando la política abandona las urnas y comienza a buscar su solución en los cuarteles, las consecuencias terminan alcanzando a toda la República.
NOTAS:
(1) El sabattinismo fue una corriente interna del radicalismo cordobés surgida alrededor del liderazgo de Amadeo Sabattini, caracterizada por la defensa de las instituciones republicanas, el laicismo, la autonomía provincial y una orientación social dentro de la tradición de la Unión Cívica Radical.
(2)La Multipartidaria Nacional fue una coalición de los principales partidos políticos argentinos creada en 1981 para reclamar el retorno a la democracia. Tras la derrota de Malvinas, adquirió un papel decisivo en la presión política sobre el gobierno militar para acelerar la transición institucional que culminaría con las elecciones de 1983.
EL OTRO ILLIA
Comandos civiles, conspiración y Revolución Libertadora
ARTURO UMBERTO ILLIA
↓
1. CONTEXTO POLÍTICO — 1950/1955
Primer gobierno de Perón
Segundo gobierno de Perón
Creciente confrontación política
Antiperonismo
Confrontación con sectores militares
Conflicto con sectores de la Iglesia
↓
2. COMANDOS CIVILES REVOLUCIONARIOS
Organizaciones civiles clandestinas, heterogéneas y vinculadas con sectores militares.
INTEGRANTES
Radicales
Socialistas
Conservadores
Nacionalistas católicos
Demócratas cristianos
Independientes
CARACTERÍSTICAS
Clandestinidad
Estructura celular
Compartimentación
Contactos reservados
Vinculación militar
ACTIVIDADES
Propaganda
Comunicaciones
Sabotaje
Logística
Armas
Acciones armadas
↓
3. ARTURO ILLIA EN CÓRDOBA
Radicalismo cordobés.
Sector sabattinista.
Vicegobernador de Córdoba.
Diputado nacional.
Oposición al gobierno de Perón.
Vinculación con la conspiración antiperonista de 1955.
Algunas fuentes le atribuyen un papel de conducción dentro de los comandos cordobeses.
⚠ No existe consenso suficiente para considerarlo jefe absoluto de todos los comandos civiles nacionales.
↓
4. REVOLUCIÓN LIBERTADORA — 16 DE SEPTIEMBRE DE 1955
Sublevación militar
Participación civil
Acciones armadas
Ocupación de edificios
Control de puntos estratégicos
ACCIÓN CÍVICO-MILITAR
↓
5. VIOLENCIA POLÍTICA
ATENTADO DE 1953
Bombas durante un acto de la CGT en Plaza de Mayo.
6 muertos y más de 90 heridos.
Causa judicial: “Carranza Roque y otros”.
1955
Bombardeo de Plaza de Mayo.
Escalada de la violencia política.
MANUEL CHAVES
Dirigente de ATE y de la CGT de Azul.
Operativo integrado por marinos y civiles vinculados a los comandos civiles.
Las fuentes atribuyen los disparos mortales al teniente de navío Carlos Alberto Heredia.
↓
6. DESPUÉS DE LA REVOLUCIÓN LIBERTADORA
Ocupación de locales sindicales
Persecución política
Intervención de organizaciones
Proscripción del peronismo
RUPTURA DEL ORDEN CONSTITUCIONAL Y POSTERIOR PROSCRIPCIÓN POLÍTICA
↓
7. ILLIA Y LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA — 1982
Derrota de Malvinas
Crisis del régimen militar
Multipartidaria
Apertura política
RAÚL ALFONSÍN propone a ARTURO ILLIA para encabezar un gobierno civil de transición.
ILLIA RECHAZA LA PROPUESTA
↓
LA IRONÍA DE LA HISTORIA
1955
Illia aparece vinculado al entramado civil antiperonista que acompañó el derrocamiento de Perón.
↓
1982
Illia es considerado para encabezar la transición hacia la recuperación institucional y democrática.
“Cuando la política abandona las urnas y busca su solución en los cuarteles, las consecuencias terminan alcanzando a toda la República.”
Aurelio Nicolella – Abogado, escritor e investigador
