¿PARAGUAY ANTE EL RIESGO DE CONVERTIRSE EN UN NARCOESTADO? LA AMENAZA DE UNA MEXICANIZACION DEL CORAZON DE SUDAMERICA

 

Por Aurelio Nicolella

En las últimas dos décadas, Paraguay ha dejado de ser un simple país de tránsito para el narcotráfico y se ha transformado en una pieza estratégica dentro del mapa del crimen organizado en América del Sur. Su ubicación geográfica, la porosidad de sus fronteras, la fortaleza de su economía informal que permite el lavado de activos de dudosa procedencia sumado a las debilidades estructurales de sus instituciones han convertido al país en un escenario especialmente atractivo para las organizaciones criminales transnacionales.

La preocupación ya no radica únicamente en el volumen de drogas que atraviesa su territorio. El verdadero desafío consiste en determinar hasta qué punto el poder económico del narcotráfico ha comenzado a influir sobre las instituciones públicas, el sistema político y la administración de justicia.

El concepto de narcoestado suele utilizarse con prudencia por los especialistas. No basta con que exista producción o tráfico de estupefacientes. Un narcoestado es aquel en el que las organizaciones criminales logran capturar parcial o totalmente las estructuras del poder público, condicionando decisiones políticas, financiando campañas electorales, infiltrando organismos de seguridad y obteniendo niveles significativos de impunidad.

Paraguay aún conserva instituciones democráticas plenamente operativas. Sin embargo, numerosos episodios ocurridos durante los últimos años muestran señales que resultan difíciles de ignorar.

El asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia en 2022 marcó un punto de inflexión. Pecci investigaba complejas redes de narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado que operaban en Paraguay y mantenían conexiones internacionales. Su ejecución reveló la capacidad logística y financiera de organizaciones criminales que ya no actuaban únicamente dentro de las fronteras paraguayas.

A ello se suma la creciente presencia del Primer Comando de la Capital (PCC), la mayor organización criminal de Brasil, que desde hace años desarrolla actividades en territorio paraguayo vinculadas al tráfico internacional de cocaína, marihuana, armas y lavado de activos. Su expansión demuestra que el crimen organizado moderno ya no reconoce límites nacionales y opera mediante estructuras empresariales altamente sofisticadas.

El narcotráfico necesita mucho más que rutas para transportar drogas. Requiere funcionarios corruptos, mecanismos financieros para blanquear ganancias, protección política y redes de complicidad que le permitan actuar con relativa impunidad. Cuando esos factores comienzan a consolidarse simultáneamente, el problema deja de ser exclusivamente policial para convertirse en una amenaza institucional.

En ese punto aparece una expresión cada vez más utilizada por analistas de seguridad: la mexicanización.

La mexicanización no implica simplemente un incremento de homicidios. Describe un proceso gradual mediante el cual los carteles acumulan tal poder económico y militar que comienzan a disputar al propio Estado el control efectivo de determinadas regiones. Surgen asesinatos por encargo, extorsiones, desapariciones, corrupción sistemática y una creciente incapacidad estatal para garantizar el monopolio de la fuerza.

México constituye el ejemplo más conocido, pero no el único. Durante décadas, el problema fue subestimado hasta que las organizaciones criminales alcanzaron un poder difícil de revertir. Una vez consolidada esa estructura paralela, la recuperación institucional se volvió extraordinariamente compleja.

Paraguay enfrenta hoy un riesgo similar, aunque todavía reversible.

El país continúa siendo uno de los principales productores de marihuana de Sudamérica y un corredor estratégico para la cocaína destinada a Brasil, Argentina y Europa. La hidrovía Paraguay-Paraná, la extensa frontera seca con Brasil y Bolivia y la intensa actividad comercial de la Triple Frontera ofrecen oportunidades que las organizaciones criminales han sabido aprovechar.

La amenaza trasciende ampliamente las fronteras paraguayas.

Argentina ya observa un incremento sostenido de la violencia vinculada al narcotráfico, especialmente en Rosario y en auge en el conurbano bonaerense, mientras Brasil enfrenta desde hace años la consolidación de grandes organizaciones criminales con enorme capacidad operativa. Ningún país de la región puede considerarse aislado de esta realidad.

Por ello, el fortalecimiento institucional de Paraguay constituye un interés estratégico para toda Sudamérica.

Combatir el narcotráfico exige mucho más que aumentar penas o realizar operativos espectaculares. Requiere profesionalizar las fuerzas de seguridad, fortalecer la independencia judicial, proteger a fiscales y magistrados, mejorar los sistemas de inteligencia criminal, controlar el lavado de activos y garantizar una cooperación internacional permanente.

La experiencia latinoamericana demuestra que las democracias no suelen derrumbarse únicamente por golpes de Estado. También pueden erosionarse lentamente cuando el crimen organizado comienza a capturar espacios de poder, corromper instituciones y sustituir la autoridad legítima por el miedo.

Todavía resulta prematuro afirmar que Paraguay sea un narcoestado en sentido estricto. Sin embargo, negar los síntomas sería un grave error. La evidencia acumulada obliga a reconocer que enfrenta uno de los mayores desafíos institucionales de su historia reciente.

La pregunta ya no es si el narcotráfico representa una amenaza para Paraguay. La verdadera incógnita es si el Estado tendrá la fortaleza suficiente para impedir que esa amenaza termine condicionando su futuro democrático.

La historia de América Latina enseña una lección ineludible: cuando el crimen organizado logra infiltrarse en las instituciones, recuperarlas demanda generaciones. La prevención siempre resulta menos costosa que la reconstrucción.