PARA KICILLOF PARECIERA NO SER PRIORITARIO LA SEGURIDAD DE LOS BONAERENSES

Por Aurelio Nicolella

El clima de tensión que se vivió durante el acto de egreso de 1.547 oficiales de la Policía Bonaerense, el martes pasado 31 de marzo en la Escuela Juan Vucetich en Berazategui, dejó en evidencia una problemática que viene creciendo desde hace tiempo: el profundo malestar dentro de la fuerza policial por sus condiciones laborales y salariales.

Durante la ceremonia, encabezada por el gobernador Axel Kicillof, familiares de los nuevos efectivos interrumpieron el discurso con abucheos, silbidos y reclamos.

Lejos de tratarse de un hecho aislado, lo ocurrido expuso el deterioro que atraviesan muchos integrantes de la Policía Bonaerense y la misma institución policial. Uno de los principales puntos de conflicto es el salario.

Según denuncian efectivos y allegados, hay casos en los que un policía percibe ingresos cercanos a los 600 mil a 800 mil pesos mensuales, una cifra que consideran insuficiente frente al costo de vida actual. En ese contexto, muchos se preguntan cómo puede sostenerse esa realidad cuando, según señalan, los costos asociados a procesos judiciales, como una excarcelación de un detenido, que es una etapa inicial, pueden superar ampliamente los tres millones de pesos de honorarios profesional de su abogado. Procesos judiciales que cuestan millones contrastan con policías que no llegan a fin de mes. La comparación, repetida entre los reclamos, busca poner en evidencia lo que consideran una fuerte desigualdad en la asignación de recursos dentro del sistema.

Pero no se puede dejar pasar que la precariedad salarial de la Policía Bonaerense se refleja en la vida cotidiana de muchos de sus integrantes: muchos de ellos se ven obligados a complementar sus ingresos trabajando como choferes de Uber, o como custodias de empresas o supermercados hasta incluso hacer trabajos de albañilería o herrería, mientras que sus esposas o parejas también deben salir a trabajar para sostener el hogar.

Esta doble presión laboral no solo evidencia la insuficiencia de los sueldos oficiales, sino que también expone cómo la necesidad económica afecta la calidad de vida y el bienestar familiar de quienes deberían dedicarse plenamente a la seguridad pública como único trabajo.

Pero el malestar no se agota en los sueldos; persisten reclamos por la falta de un hospital propio para el personal policial, en un contexto donde, según señalan, se habría caído el convenio de atención con el Hospital Churruca de la Capital Federal.

En la misma línea, surgen críticas hacia la obra social, a la que acusan de no cumplir adecuadamente con su función de proteger la salud del uniformado y su grupo familiar, profundizando aún más el malestar dentro de la institución.

También aparecen cuestionamientos sobre el estado de los móviles y la gestión de los recursos. Fuentes vinculadas al ámbito policial aseguran que existirían incentivos perversos en torno al mantenimiento de patrulleros: según estas versiones, resultaría más conveniente que las unidades se deterioren rápidamente, debido al negocio asociado a la compra de repuestos como neumáticos y piezas mecánicas. En esa línea, señalan que no se recurre a esquemas de leasing, que permitirían renovar la flota de manera más eficiente, porque, en comparación, el volumen de gasto en reparaciones y mantenimiento terminaría siendo más alto y, por lo tanto, más rentable para ciertos circuitos.

Estas denuncias no cuentan con confirmación oficial y, según distintos sectores, la falta de acceso a información pública dificulta corroborarlas dentro de la administración encabezada por Axel Kicillof.

Pareciera que, al gobierno provincial, encabezado por Axel Kicillof se lo vería más centrado en proyectar su figura de cara a la próxima elección presidencial que en atender la seguridad de los bonaerenses.