Por Aurelio Nicolella
En ese contexto, la gestión
del actual ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, aparece marcada por
una preocupante ausencia de conducción real. La seguridad pública, lejos de
estructurarse como una política integral del Estado, parece haberse reducido a
una sucesión de anuncios, operativos esporádicos y estrategias comunicacionales
que buscan instalar una sensación de gestión que la realidad se encarga de
desmentir todos los días.
El problema ya ni siquiera
distingue colores políticos. La inseguridad golpea con la misma crudeza en
municipios gobernados por la oposición y también en aquellos administrados por
intendentes del propio oficialismo provincial. Esto revela una verdad incómoda:
la crisis no responde a disputas partidarias locales, sino a la falta de una
política de seguridad seria, coordinada y sostenida desde el ministerio que
debería conducirla.
Hoy la provincia funciona como
un archipiélago de municipios que intentan resolver el problema del delito por
su cuenta. Las secretarías de seguridad comunales operan muchas veces sin
articulación efectiva con el ministerio provincial, sin planificación conjunta
y sin un sistema de comando estratégico claro. La consecuencia es obvia:
desorden institucional, dispersión de recursos y una creciente sensación de
desprotección ciudadana.
Además, la provincia de Buenos
Aires concentra casi la mitad de los homicidios del país y más del 25% de los
robos denunciados a nivel nacional, lo que revela el peso estructural que tiene
el territorio bonaerense dentro del mapa del delito argentino.
Mientras tanto, el dinero del
erario público bonaerense parece encontrar destino en programas cosméticos,
relanzamientos burocráticos y estructuras administrativas que privilegian el
impacto político antes que los resultados concretos. Se multiplican las mesas
de trabajo, los anuncios rimbombantes y las conferencias de prensa, pero en los
barrios la realidad sigue siendo la misma: patrulleros que no alcanzan, zonas
liberadas de hecho y vecinos que organizan su propia seguridad ante la ausencia
del Estado.
En lugar de asumir la
responsabilidad de coordinar y fortalecer el sistema de seguridad provincial,
no pocas veces se observa al propio ministro enfrascado en discusiones públicas
con autoridades municipales. Así lo vimos recientemente discutiendo con la
intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, en un intercambio político que
poco aporta a la resolución concreta del problema que preocupa a los vecinos.
Mientras los ciudadanos reclaman soluciones, planificación y presencia efectiva
del Estado, el debate público termina reducido a cruces políticos que no
mejoran en absoluto la seguridad en las calles.
Particularmente preocupante es
lo que ocurre con los dispositivos de asistencia a las víctimas del delito. Lo
que debería ser un sistema profesional, integrado por especialistas capaces de
brindar contención psicológica, orientación legal y acompañamiento
institucional, parece haber sido colonizado por criterios de acomodo político.
Militantes o designaciones sin la capacitación adecuada terminan ocupando
espacios que deberían estar reservados a profesionales formados para intervenir
en situaciones de extrema vulnerabilidad.
Pero el problema no se limita
únicamente a las decisiones de gestión. También interpela directamente a la
idoneidad del funcionario que conduce la política de seguridad de la provincia.
De acuerdo con la propia
información institucional difundida por el portal oficial del ministerio, el
ministro Javier Alonso cursó una Maestría en Ciencias Sociales con orientación
en educación, además de una especialización en gestión de políticas educativas
en FLACSO. Su trayectoria profesional se ha desarrollado principalmente en el
campo académico y en el diseño de políticas públicas vinculadas a la formación
y la gestión educativa.
En materia de seguridad
pública, los antecedentes consignados indican que se desempeñó como
Subsecretario de Formación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Seguridad
de la Provincia de Buenos Aires entre 2019 y 2023, y previamente como
Subsecretario de Planeamiento y Formación del Ministerio de Seguridad de la
Nación entre 2013 y 2015, además de haber trabajado como consultor en
organismos internacionales en temas de políticas públicas.
Más allá del valor académico
de esas trayectorias, resulta legítimo preguntarse si un perfil construido
fundamentalmente en el ámbito de la formación, la planificación administrativa
y la gestión educativa reúne la experiencia operativa necesaria para conducir
la política de seguridad de la provincia más grande y compleja del país.
Porque la seguridad pública no
es un seminario universitario ni un laboratorio de diseño de políticas. Es un
terreno donde se toman decisiones todos los días frente a fenómenos criminales
complejos, redes delictivas organizadas y territorios donde el Estado debe
ejercer autoridad real.
Quizás por eso la gestión
transmite muchas veces la sensación de estar diseñada desde la lógica de la
planificación teórica antes que desde la experiencia concreta en la conducción
de estructuras de seguridad. No se trata de desmerecer la formación académica,
sino de advertir una evidente desproporción entre el perfil del funcionario y
la magnitud del problema que debe enfrentar.
En otras palabras: el perfil profesional que exhibe el actual ministro parece estar más vinculado al campo de las políticas sociales o educativas que al comando operativo de un sistema de seguridad pública atravesado por niveles alarmantes de criminalidad.
Y mientras el delito avanza
con una lógica cada vez más profesionalizada, la conducción política de la
seguridad bonaerense parece seguir atrapada entre diagnósticos académicos,
estructuras burocráticas y anuncios que rara vez logran traducirse en resultados
concretos.
La seguridad pública no admite
improvisaciones ni marketing político. Requiere liderazgo, planificación
estratégica, coordinación institucional y una inversión inteligente de
recursos. Cuando esas condiciones no existen, el vacío lo ocupa inevitablemente
el delito.
Hoy la provincia más grande
del país parece transitar exactamente ese escenario: un Estado que comunica
gestión mientras la calle revela otra cosa.
Y en materia de seguridad,
cuando el Estado llega tarde o llega mal, quienes pagan las consecuencias no
son los funcionarios, sino los ciudadanos.
