Por Aurelio Nicolella
El 5 de mayo en un escenario
atravesado por tensiones políticas, la renovación de autoridades en el Colegio
de Abogados de Avellaneda–Lanús, la entidad que agrupa y representa a los
letrados de ambos distritos, volvió a poner en evidencia la fuerte injerencia
de dirigentes territoriales en espacios que, en teoría, deberían mantenerse al
margen de la lógica partidaria.
Detrás de las listas que
compiten por la conducción de la institución profesional, asoman dos
estructuras con anclaje en los municipios. No se trata solo de una contienda
entre abogados: la pulseada refleja la disputa de poder entre sectores
alineados con distintos jefes comunales, convertidos en verdaderos “referentes”
o “barones” del conurbano.
Lo que hace única a esta elección, comparada con otros colegios de abogados de la provincia, es la fuerte intervención política de los intendentes, que buscan no solo el control del Colegio de Abogados, sino también influir en el armado político de cara a la gobernación de la provincia en 2027, una contienda que podría definir el futuro político del primer estado argentino.
De un lado, sectores vinculados al oficialismo que responde al intendente de Avellaneda; del otro, alineados que reconocen al intendente de Lanús. En el medio, la larga lista de abogados matriculados que funcionan como vehículo de una disputa que los excede. En los pasillos donde transitan los matriculados nadie duda: “los jefes comunales bajaron al barro”
“No es una elección del colegio, es una interna política”, repiten por lo bajo algunos matriculados, molestos por el nivel de intervención partidaria. Aunque ambos intendentes responden al mismo partido, la queja no es nueva; sin embargo, en esta oportunidad, la participación de los jefes comunales se percibe de manera más explícita.
En ese contexto, la actual contienda no escapa a la lógica de territorialización de las instituciones intermedias. La asociación profesional, que regula la matrícula, impulsa la capacitación y participa en el funcionamiento del sistema judicial, se transforma así en un espacio estratégico, tanto por su influencia en el ámbito jurídico como por su capacidad de articulación política.
La disputa, entonces, excede lo corporativo: es una batalla por el control de una caja de poder simbólico y real. Con listas que expresan alineamientos diversos, la elección se configura como un nuevo capítulo en la interna entre estructuras políticas locales que buscan extender su influencia más allá de los límites del Estado.
Así, el foro vuelve a ser territorio de disputa para los “barones” del conurbano, que amplían su influencia más allá de la gestión municipal. Una batalla sin boletas partidarias, pero con el mismo trasfondo de siempre: poder, territorio y control.
Mientras tanto, puertas adentro, muchos matriculados reclaman que el debate vuelva a centrarse en los problemas del ejercicio profesional: honorarios, condiciones laborales y modernización del sistema judicial. Sin embargo, todo indica que, una vez más, la política marcará el pulso de la elección.
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