Por Aurelio Nicolella
La justicia argentina, desde hace décadas es una justicia sospechada y timorata(1), casi nueve de cada diez personas en Argentina no confían en el Poder Judicial, ello determina que hay una crisis de credibilidad en la misma.
Una constante son los fallos y resoluciones que tienden a favorecer a los poderosos y tienden a dejar en prisión, en casi un noventa por ciento, a personas de bajos recursos.
A esto se agrega la crítica por la falta de independencia del Poder Judicial, tanto respecto del poder político como del poder económico, al cual casi siempre se encuentra sometida.
Es común que cuando un funcionario público se encuentra sospechado de un delito y se recurre a la justicia, los jueces y los fiscales, estos últimos que son los que deben investigar, terminen cajoneados las causas esperando que prescriban o en todo caso se sirva presionar al investigado con un fin a veces rayando con lo extorsivo.
Por eso no llama desde hace tiempo la atención que durante el periodo de gestión de un funcionario investigado no se continúe con la causa que entra en un stand by” y de pronto la investigación toma un vuelco inesperado cuando el investigado pierde poder político.
El protagonismo de los jueces y fiscales es enorme, se perdió aquello que los jueces hablan por medio de sus sentencias, hoy los jueces y fiscales se suman a la vorágine mediática haciendo un “reality show” perdiendo la majestuosidad que la justicia debe tener en una sociedad.
Los jueces y los fiscales en Argentina son elegidos, puestos en su lugar, por el poder político de turno, siendo estos verdaderos padrinos, este sistema de elección hace perder desde un vamos la independencia que dicho poder de estado debe tener. Ese poder político es el que se opone a la democratización del Poder Judicial.
Desde 1863 en que asumen los primeros jueces hasta el golpe de 1930 la Corte Suprema de Justicia y los estamentos inferiores de la justicia tuvieron un papel fundamental en preservar los derechos y libertades que pregonaba la Constitución de 1853, así el país avanzaba en lo cultural y en lo económico dentro de las diferencias que aún existan en las clases sociales de la sociedad argentina, gozaba de autoridad y prestigio social fundamental para que los otros poderes del estado acataran sus resoluciones.
Pero a partir del golpe de estado de 1930 se pierde lo que los que estudiamos abogacía en la facultad llamamos el “control judicial de constitucionalidad”, así a través de una acordada del 10 de septiembre de 1930 la corte Suprema de la Nación debió reconocer al nuevo gobierno producto del alzamiento militar y con ello comenzó el lento desprestigio de la Corte Suprema y de la justicia en general. Creó una doctrina por la cual la Constitución pasó a ser una norma que rige mientras no se produzca un golpe de Estado, sentando un precedente que inauguró el proceso de “desconstitucionalización” del país que se extendió por varias décadas con las nefastas consecuencias por todos conocidas.
El problema ideológico más grave que tienen hoy muchos magistrados es que confunden Política con Corrupción. Esta concepción es la consecuencia del oscurantismo en el que ha vivido el Poder Judicial durante buena parte de su historia.
Salvo honrosas excepciones, los magistrados no se han opuesto a disposiciones anticonstitucionales y criminales de las dictaduras pasadas. Ahora si se oponen, cuando el gobierno de turno guiña para que se declare inconstitucional una ley emanada de los representantes del pueblo, que no hacen más que ampliar derechos, y en nombre de la República la declaran anticonstitucional.
El Poder Judicial en Argentina deberá radicalmente cambiar, tomando un rumbo que nunca debió perder, el de la credibilidad, la honestidad y la imparcialidad.
NOTAS:
(1) Timorato: adjetivo, que tiene miedo ante situaciones nuevas.
